Hay gran escandalera por la sentencia del Prestige.
¡La catástrofe se salda sin culpables!
¡La mayor catástrofe ecológica de Europa y ni un puñetero culpable al que meter entre rejas! ¡El juez dictamina que no hubo responsabilidad penal por los daños! ¡Se ha lucido la Justicia española! ¡Tantos años para esto! Y así.
Tengo entendido que en la Audiencia Provincial de La Coruña no se realizaba una especie de causa general sobre el accidente del Prestige. Por lo que yo sé, en el banquillo se sentaban tres acusados, el capitán del Prestige el día de autos, el jefe de máquinas del mismo barco y el que era entonces director general de la Marina Mercante.
Lo que ha determinado el juez es que esos acusados no son culpables de los delitos que se les imputaban, salvo Mangouras, en el que aprecia delito de desobediencia grave al negarse a dar remolque cuando se lo ordenaron las autoridades españolas. El juez no dice ni puede decir que no hubo delito contra el medio ambiente así, en general. Lo único que puede decir y dice es si los acusados cometieron ese delito.
La sentencia es un texto razonado e inteligente, y a mí me parece digna de destacar la racionalidad que hay en este párrafo, referido a la tan discutida decisión de alejar el buque (pág. 207):
“Es verdad que hubo y hay funcionarios, técnicos y autoridades españolas que discreparon y discrepan aún hoy de esa decisión pero son una minoría y sus criterios o son poco fundados o analizan la situación con el conocimiento actual de la misma y no con los limitadísimos datos de que se disponía en su momento.”
(Las cursivas son mías).
Pero hay mucho más por supuesto, y merece la pena leer el texto completo. Téngase en cuenta que de sus 263 folios, los primeros 145 corresponden a la enumeración de las partes personadas y descripción de sus acusaciones y reclamaciones.
Hay curiosos olvidos, lagunas, etc, en las reseñas periodísticas sobre la sentencia y en los lamentos y escandaleras políticos. No se habla, por ejemplo, del FIDAC. El FIDAC, Fondo Internacional de Indemnizaciones de Daños debidos a la Contaminación de Hidrocarburos, es el que debe pagar los gastos ocasionados por la contaminación del Prestige. (Aparte de la aseguradora del barco, que no es griega, como algunos dicen, sino británica).
Bien, el FIDAC, con quien se ha negociado desde el minuto uno del accidente, aceptó en principio abonar unos 1.000 millones de euros, que era lo que España presentó como factura de los daños (aunque en el juicio, la Fiscalía los evaluaba en unos 4.000 millones). Luego, sin embargo, el FIDAC dijo que la Administración había pagado demasiado dinero (por ejemplo, a los pescadores y mariscadores afectados) y que sólo pondría 300 millones de euros.
Para no irme por las ramas: la indemnización del FIDAC, sea de 1.000 o de 300 millones, se habría volatilizado si el director general de la Marina Mercante de entonces hubiera sido condenado en el juicio.
De haberse dictaminado en La Coruña que las decisiones de López Sors, es decir, de la Administración española, en el accidente del Prestige, eran constitutivas de delito, y por tanto, corresponsables de la catástrofe, no veríamos un euro del FIDAC. Es más, tendríamos que devolverles los 115 millones que ha adelantado.
Naturalmente, a los de Nunca máis, que acusaban a Sors, esto de jorobar a los contribuyentes españoles les importaba, y les importa, un pimiento.
No quiero decir con ello que si López Sors hubiera actuado delictivamente no debían declararlo culpable para no perder la indemnización del FIDAC. Pero hay que saber qué consecuencias tienen las cosas.
Tampoco se habla de la demanda civil que interpuso España contra la clasificadora del Prestige, la ABS, en Estados Unidos. La American Shipping Bureau es la mayor clasificadora del mundo, es decir, la que certifica que un barco está en condiciones de navegar. Esa demanda hubo de ponerse en Estados Unidos con notable coste económico para España, y fue rechazada por los tribunales norteamericanos en 2010. Sentenciaron que España no había aportado pruebas suficientes de que hubiera negligencia en la inspección del Prestige realizada por ABS.
Quiero decir que España ha tratado de perseguir judicialmente a las empresas vinculadas al Prestige, que son cuatro o cinco, con sede en distintos países. Y que eso ni es sencillo ni es barato. Ahora bien, lo que no se le puede exigir al juez de La Coruña es que emplume a unos tíos sólo porque “alguien tiene que pagar”.