Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (y 3)

Rubén Osuna*

Los cambios propuestos para el IRPF y el IS implican una simplificación y una ampliación de la base imponible (menos tramos, menos deducciones) y una reducción de los tipos. El documento de presentación de la reforma recoge lo esencial. En la página 5 puede verse una comparación sencilla de los tipos medios antes y después de la reforma del IRPF. La comparación significativa es entre 2016 y 2011, ya que el Gobierno aprobó una subida excepcional de tipos para 2012 y 2013, que se prolongó a 2014, y la situación en estos años puede considerarse excepcional. Como puede verse, para rendimientos del trabajo de hasta unos 50.000 euros al año los contribuyentes experimentarán una reducción en el total a pagar, mucho más sustancial para las rentas bajas. Hay que considerar sin embargo las deducciones por hijos, ascendientes mayores o convivencia con discapacitados (página 7 de la presentación). Pero además, hay que tener en cuenta que el IRPF es un impuesto dual, en el que las rentas del trabajo y del ahorro tienen tratamientos distintos, separados. Los cuatro tramos de los rendimientos del ahorro quedarán como en 2011, salvo para rendimientos de 50.000 euros o más, en los que habrá una pequeña subida. Por tanto, para saber cómo afectará la reforma al bolsillo de cada uno, comparando siempre con lo que se habría pagado en 2011, hay que tener en cuenta no sólo el nivel de renta, sino también la composición de esta -rendimientos del trabajo o del capital- y las circunstancias familiares.

Los criterios de reforma para el IS son similares: la desaparición de deducciones permite que los tipos nominales se acerquen a los reales, ampliándose las bases imponibles a la vez que los tipos se reducen. Uno de los problemas del impuesto en su estado actual es el tratamiento diferenciado a las pequeñas empresas, que desincentiva su crecimiento. Con la reforma todas las empresas pasarán a pagar un 25 por ciento sobre beneficios en 2016. Se mantienen deducciones sólo para gastos en investigación y desarrollo y para beneficios destinados a capitalizar la empresa (autofinanciarse), con un tratamiento algo más ventajoso en esto último para las pequeñas y medianas empresas.

En la valoración de la reforma el contribuyente debe tener en cuenta no solo el ahorro en el pago de estos impuestos, sino que la menor recaudación (en términos de porcentaje sobre PIB) deberá compensarse en un futuro no muy lejano con un incremento de impuestos indirectos, es decir, que no está contemplando más que una parte de la reforma. Aunque el objetivo último de esta no es recaudar más, sí se altera la carga de los impuestos, y la idea central de sustituir impuestos directos por indirectos no anima a pensar que los contribuyentes de rentas medias y bajas con limitada capacidad de ahorro y que dependen de su trabajo acaben pagando menos.

Además, debe tenerse en cuenta que prácticamente todo el ajuste presupuestario programado, y esto es una elección del actual Gobierno, se llevará a cabo por el lado del gasto, y que cualquier ahorro en el pago de impuestos puede verse más que compensado por una pérdida de valor (cantidad o calidad) en los servicios públicos recibidos, de forma que el saldo final de los ajustes acabe perjudicando al contribuyente de rentas más modestas. Dentro de las partidas de gasto, el mayor componente discrecional (inversión pública) ya está en mínimos históricos, y es muy difícil reducir los gastos corrientes, que incluyen las pensiones -que crecen a una tasa de un cinco por ciento anual por el envejecimiento de la población-, las prestaciones por desempleo, el pago de intereses de la deuda y los salarios de los empleados públicos. Parece difícil cumplir con los compromisos de consolidación fiscal (reducción del déficit) en un contexto de débil crecimiento económico reduciendo el porcentaje de gasto sobre PIB sin afectar a los servicios públicos y prestaciones asistenciales esenciales.

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro (2)

Rubén Osuna*

España está obligada a reducir ese déficit, de forma progresiva, en los próximos años, ya sea mediante un incremento de los ingresos como proporción del PIB, o mediante una reducción del gasto sobre PIB. El actual gobierno ha elegido lo primero, y en el mencionado Programa de Estabilidad fijaba como objetivo para 2016 un ratio de ingresos públicos sobre PIB del 37-38 por ciento, mientras que los gastos públicos debían reducirse hasta el 39 por ciento. Casi todo el ajuste se hace por el lado del gasto. Esto explica que la reforma propuesta por la Comisión Lagares, en su conjunto, no incorpore como objetivo prioritario un incremento de los ingresos públicos sobre PIB. El objetivo esencial es redistribuir la carga de los impuestos, aumentando la eficiencia y la transparencia. La equidad ni se menciona (aunque, curiosamente, sí se trataba con detalle en el estudio del Instituto de Estudios Fiscales español del que hemos hablado). El informe de la Comisión Lagares plantea además, en líneas generales, una reducción de la imposición directa y un aumento de la indirecta, justificado con la idea de que esto afecta positivamente el crecimiento económico, según “la práctica totalidad de los analistas e instituciones internacionales que siguen la economía española”.

En principio esto es contraintuitivo, pues un mayor peso relativo de la imposición indirecta implica un sistema en su conjunto menos progresivo, y esto implica a su vez menor renta disponible para aquellos con menor capacidad de ahorro, y por tanto menor gasto de consumo privado. Debe esperarse, a cambio, que aquellos con mayor capacidad de ahorro, beneficiados, permitan un abaratamiento de la inversión. Además, se argumenta que si la imposición directa que se reduce son las cotizaciones sociales, se reducirán los costes laborales unitarios (sin que la productividad tenga que mejorar), lo que permitiría reducir precios, aumentar la capacidad competitiva de la economía y crecer más. Pero esto depende de que las reducciones en los costes laborales unitarios se traduzcan realmente en reducciones de precios, y no en aumentos de márgenes para los empresarios, como se observa que ocurre en sectores poco abiertos a la competencia interna y externa, ya sea por problemas normativos o de especialización productiva. La Comisión Lagares se da cuenta de esto, y recomienda medidas para el fomento de la competencia, nada más.

Se propone por tanto un plan de reformas en dos fases. En la primera se reducirían impuestos directos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS) -un uno por ciento del PIB en total-, compensando este descenso con aumentos de la imposición indirecta, especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los impuestos especiales (alcoholes, tabaco) y entre estos los impuestos medioambientales (hidrocarburos, electricidad, carbón, agua, emisiones, vertidos). Además, en línea con las recomendaciones del Informe Mirrlees, se propone aumentar la imposición sobre el patrimonio y reducir la imposición sobre las transferencias patrimoniales. En una segunda fase se reducirían las cotizaciones sociales (un uno por ciento del PIB también), compensando ese descenso con un aumento adicional del IVA (e hidrocarburos). Es lo que llaman “devaluación fiscal”.

De todo esto, la reforma de Cristóbal Montoro sólo aborda una parte de la primera fase que, en efecto, implica una caída de la recaudación sobre PIB. Ese descenso de la recaudación relativa al PIB es lo que explica la preocupación manifestada por la Comisión Europea, que vigila el cumplimiento de nuestro Programa de Estabilidad. Dicho Programa se ha actualizado muy recientemente para incorporar unas optimistas previsiones de crecimiento, pero es obvio que el ministro de Hacienda tiene además en su mano la posibilidad de aumentar los impuestos indirectos durante los dos años en los que se aplicará la reforma presentada (2015 y 2016). De momento los ajustes solo incluyen la parte amable y con cierto rendimiento mediático positivo para el gobierno del conjunto de la reforma prevista en el informe de la Comisión Lagares.

(Continuará)

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la Uned. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

Cómo valorar la reforma fiscal de Montoro

Rubén Osuna*

El precedente insoslayable de la reciente reforma fiscal presentada por el ministro de Hacienda Montoro es el llamado Informe Mirrlees. James Mirrlees es un premio Nobel de Economía (1996) británico al que el Institute for Fiscal Studies (IFS), una institución privada e independiente dedicada a la investigación económica, le encarga en 2006 un estudio del sistema tributario del Reino Unido. Mirrlees reclutó a nueve académicos de primer nivel, que a su vez implicaron a más de sesenta expertos en las distintas áreas parciales de un estudio tan complejo como este, que requirió más de cuatro años para su compleción. El Informe Mirrlees se convirtió en la referencia para cualquier reforma fiscal en países desarrollados desde su publicación en dos partes, en 2010 y 2011. No es un documento político, en el sentido de un programa de reformas, sino un producto académico que desarrolla la idea de diseñar, desde cero, un sistema fiscal óptimo.

Uno de los principios del trabajo de Mirrlees y colaboradores es que el sistema tributario de un país es un todo, y que debe abordarse su diseño o reforma considerando el conjunto, y no los efectos de modificaciones parciales de impuestos aislados. No tiene sentido abordar continuos retoques que afectan a impuestos particulares sin incardinarlas en un plan más general de reforma integral. Por ejemplo, la deseable progresividad de un sistema tributario no excluye la posibilidad de que algunos impuestos sean regresivos. Lo que cuenta es el conjunto. Los objetivos de toda reforma deben ser: aumentar la eficiencia, esto es, reducir el coste en términos de bienestar del sistema impositivo, no alterando en demasía la asignación de recursos que se daría sin la presencia de los impuestos salvo en aquellas actividades con externalidades positivas o negativas (por ejemplo, medioambientales); aumentar la equidad, es decir, repartir la carga de los impuestos de forma justa y en relación a la capacidad de pago de individuos y empresas; y la transparencia, que significa que la cantidad a pagar debe ser predecible, con tipos efectivos cercanos a los nominales o legales. Estos objetivos aconsejan una simplificación en el diseño de los tributos y una mayor neutralidad, que significa no alterar en la medida de lo posible las decisiones de individuos y empresas ante la presencia de los impuestos, tratando de forma similar actividades similares.

En España, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), institución pública dependiente del Ministerio de Hacienda dedicada a la formación de su alto funcionariado y a la elaboración de estudios, promovió una adaptación del Informe Mirrlees al caso español durante la segunda legislatura de Zapatero. Este trabajo no se publicó, pero sí se presentaron sus resultados en unas jornadas de la Fundación Ramón Areces (2013), en cuya sede web pueden consultarse las ponencias.

El Ministerio de Hacienda, ya con Montoro al frente, designa directamente a ocho expertos para formar una comisión presidida por Manuel Lagares, que en seis meses emite un informa que estudia una reforma integral del sistema tributario [febrero de 2014]. Pero este documento, inspirado sin duda en el Informe Mirrlees, tiene en cuenta además el Programa de Estabilidad del Reino de España en su versión de 2013, que prevé una reducción progresiva del déficit público como porcentaje del PIB y que hay que tener presente para entender el plan de reformas.

Los ingresos públicos sobre PIB en España son relativamente muy bajos:  un 35,5 por ciento en 2011 según datos de la OCDE, frente al 44,3 de Alemania, el 50,8 de Francia, el 46,1 de Italia o el 40,5 del Reino Unido. El gasto público sobre PIB es también relativamente bajo, pero algo más en línea con países de nuestro entorno de tamaño y desarrollo similar: un 44,1 por ciento en 2011, frente al 45,3 de Alemania, el 56 de Francia, el 49,9 de Italia o el 48,7 del Reino Unido. Es obvio que hay un desfase entre ingresos y gastos, que explica el abultado déficit español. Si bien una parte puede explicarse por la coyuntura -la crisis, que deprime los ingresos y aumenta los gastos- otra es estructural, es decir, independiente de ella.

(Continuará)

*Rubén Osuna es profesor de Teoría Económica de la UNED. http://www.uned.es/personal/rosuna/rosuna.htm

Consciente del desafío que supone el populismo y de que parte de su electorado está migrando hacia allí,  en la socialdemocracia europea hay gente que se ha puesto a pensar. Así, la fundación Friedrich Ebert, del SPD alemán, ha difundido un conjunto de artículos escritos por politólogos, políticos, profesores y comentaristas de distintos países bajo el título “Populismo de derechas en Europa. ¿Cómo respondemos?”. Enlace aquí a la versión en inglés:  http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10756.pdf

Cierto que el populismo europeo no sólo es de derechas, como muestra el ascenso de un grupo como Podemos en España, pero es la excepción a la regla, tal vez con el añadido de la coalición griega  Syriza, aunque su adscripción al campo del populismo resulta más discutible. Quien compare textos políticos, y en especial de política económica, de Podemos y Syriza apreciará las diferencias: sólo los de los griegos son realmente textos. Errados, radicales, lo que se quiera, pero coherentes y consistentes.

Lo interesante del caso es que los socialdemócratas se han dado cuenta de que el populismo de derechas les está haciendo mella, y que, como ya sucediera hace años en Francia, hay segmentos del electorado tradicional de la izquierda que se desplazan hacia opciones populistas por muy de derechas que sean. Han percibido también que la manera en que han analizado el populismo es errónea y el modo de tratarlo, con  desprecio e indignación moral, simplemente no sirve.

Es interesante, para el caso español, en especial, que los analistas de la Ebert reparen en que un factor al que suele atribuirse el auge del populismo, como es la corrupción de las elites políticas, no tiene validez general: hay populismos en el norte de Europa, donde la corrupción política prácticamente no existe. Al tiempo,  reconocen que el papel de la xenofobia en el   ascenso del populismo está sobrevalorado, que los atraídos por él no son “die hards” (viejos reaccionarios a extinguir) y que los nuevos populistas de derechas no son antidemocráticos,  como los movimientos fascistas con los que suelen identificarlos desde la izquierda.

A modo de síntesis del análisis, los articulistas reunidos por la Ebert recurren a una frase de Laurent Fabius, primer ministro francés en los ochenta y socialista, quien dijo entonces que “el Frente Nacional plantea las preguntas correctas, pero da las respuestas equivocadas”. Suena bien y es redonda la frase, pero  me parece a mí altamente improbable que sea certera. Porque las preguntas correctas suelen conducir, más pronto que tarde, a las respuestas correctas. Por eso tiendo a pensar que los populistas (de cualquier especie) dan las respuestas equivocadas justo porque plantean las preguntas equivocadas. Pero habrá que darle al tema un par de vueltas.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los acusados por el asedio al parlamento autonómico de Cataluña en junio de 2011. Sólo uno ha sido condenado porque le pintó una cruz en la espalda a la diputada del PSC, Montserrat Tura. Si la sentencia se hubiera limitado a exponer que no había pruebas de que los acusados hubieran cometido los actos por los que se les juzgaba, o que la libertad de expresión y el derecho de manifestación amparan su conducta, yo aquí no diría ni mu. Pero, ay, la sentencia elaborada por el juez Ramón Sáez, se descuelga con una argumentación de esta guisa, que recojo del diario El País:

“Todos (los acusados) ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados [...] resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”.

La realidad, añade,  ”pone de manifiesto la invisibilidad de ciertas realidades dramáticas por la dificultad [...] de la más absoluta imposibilidad de quienes las sufren de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones”. De tal manera que la protesta es, para muchos sectores sociales, el “único medio”, dicen los jueces, “por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra”.

Una se queda de pasta de boniato.  Los jueces de la AN que firman este sentencia creen que los medios de comunicación privados no estaban dando visibilidad a una realidad social dramática, y que por ello están justificados los excesos de una protesta. Bien. La protesta tuvo lugar el 15 de junio y quienes participaron  formaban parte del llamado 15-M. Desde el 15 de mayo estaban acampando en plazas de ciudades españolas y su protesta  ocupaba amplísimos espacios en  los medios españoles (privados y públicos); más aún, algunos medios (privados) la retransmitían en vivo y en directo. Lograron toda la publicidad que quisieron a sus demandas, fueran las que fuesen. No se invisibilizó en absoluto a esas protestas: muy al contrario.

Hay más, más ridículo, quiero decir. Porque el argumento de estos jueces indica  que creen que los medios públicos darían, en cambio, la cobertura necesaria a realidades dramáticas y toda la voz a los que protestan contra ellas. Pero, ¿cree seriamente alguien, sea juez o camarero, que en un medio público como TV3, controlado como sus iguales por el gobierno de turno, se prestaría más atención a las protestas contra el gobierno? ¿Cree  el juez Páez que el director de TV3 nombrado por el gobierno de Artur Mas va a hacer tal cosa? Menciono TV3 porque hablamos de unos hechos ocurridos en Barcelona, pero sucedería lo mismo en cualquier otro lugar.

Parece que el juez redactor de la sentencia es, además de licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Información y que ejerció de periodista. Ni digo más.

Lo que sí digo es que a la vista del argumentario de esta sentencia acosar a un diputado, e intentar agredirlo, es un exceso legítimo y legal. Yo no tengo especial simpatía por ciertos diputados catalanes ni por el señor Mas. Pero no es esa la cuestión. Son los representantes elegidos en las urnas. Me pregunto si estos jueces sólo consideran legitimo y legal que se intente agredir a los representantes políticos o si tienen la bondad de  extender ese salvoconducto para el linchamiento a todo el mundo. Es por saber a qué atenernos si nos da por cometer algún exceso…

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Artur Mas, el chico de los recados (En VLC News)

Excepto para los sabelotodos, cráneos privilegiados que siempre han visto venir cualquier cosa que sucede, hay decisiones políticas cuya génesis es un enigma. Así, los que no estamos entre los visionarios del “ya lo sabía” solemos preguntarnos cómo fue que Artur Mas se embarcó en la incierta aventura secesionista. Más aún cuando nada presagiaba que iba a tomar ese rumbo en el instante en que llegó, por primera vez, a la presidencia catalana allá en diciembre de 2010.

Cierto que CiU ha estado, desde el minuto uno, en el empeño de la “construcción nacional”, pero no había sido abiertamente secesionista. La independencia la situaba, digamos, en el reino de lo deseable, pero no (todavía) en el reino de lo posible. De modo que se entregaba a su juego favorito de arrancar cesiones a los Gobiernos centrales, y hacer y deshacer sin interferencias. El propio Mas acudió a las elecciones de 2010 sin decir una palabra sobre consultas o independencias. Hasta que, de repente, antes del ecuador de su mandato, empezó a hablar únicamente de independencia y consultas.

(Continuar lectura: http://vlcnews.es/2014/opinion/artur-mas-el-chico-de-los-recados/ )